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ISSN 1989-4163

NUMERO 86 - OCTUBRE 2017

Mi Opinión sobre Catalunya

Griselda Sesé

Después del histórico 1-O me decido a publicar mi opinión acerca de lo que están/estamos viviendo en Catalunya. Lo haré de una forma reposada, tranquila y en castellano en aras a que pueda llegar a más personas de una forma sencilla.

Empezaré diciendo que NO soy independentista, de entrada, para que quede clara mi postura. No lo soy porque entiendo que la pluralidad de identidades es algo que debe sumar en un Estado, y no restar (me encantó ver la convivencia pacífica de esta “pluralidad de identidades” cuando estuve viviendo en Manchester, mucho más acentuada que en España por tratarse de culturas totalmente diferenciadas y ser ciudadanos que provenían de distintos países de todo el mundo), y porque me asaltan muchísimas dudas acerca de cómo plantearíamos un Estado catalán, cómo sería la negociación con el Estado español y qué tipo de Estado sería una Catalunya independiente (continuista de lo que tenemos en España pero en Catalunya? Algo diferente? Más cercano, feminista, etc.?) porque este debate también existe, aunque no en un sector mayoritario de la población, por desgracia. También diré que, ante todo, quiero resaltar que rechazo y manifiesto mi oposición de forma contundente a cualquier forma de violencia con finalidades políticas y creo firmemente en una lucha enérgica contra el terrorismo y la barbarie política.

Habiéndome desnudado manifestando cuál sería mi postura en un hipotético Referéndum, explicaré cuál es mi opinión acerca de lo acontecido desde septiembre hasta el 1O.

En Catalunya, desde principios de septiembre, se ha producido la vulneración grave de varios derechos, que son los siguientes:

a) vulneración del derecho a la propiedad privada y a la correspondencia (art. 18 CE); por ejemplo, en el marco de una operación de registro de furgonetas y correspondencia en Sant Feliu de Llobregat, se produjo la apertura de correspondencia privada de una empresa privada sita en esa localidad sin autorización judicial previa.

b) vulneración de la libertad de pensamiento y manifestación de convicciones (art. 16 CE); por ejemplo, las pintadas en las puertas metálicas del padre de Albert Rivera.

c) vulneración del derecho a la libertad de expresión, opinión, recepción o comunicación de información e ideas (art. 20 CE); por ejemplo, el haber coaccionado a periodistas y haberles obligado a identificarse durante la cobertura de acontecimientos públicos o de interés público; las redacciones de diferentes medios de comunicación también han recibido requerimientos y advertencias judiciales del Ministerio Fiscal y/o de la Policia Judicial que iban más allá de una limitación de la propaganda institucional sobre el referéndum extendiéndose a advertencias sovre posibles consecuencias legales, incluidas las de naturaleza penal, relacionadas con emitir información en los meses de septiembre y octubre sobre el proceso político que se vivía en Catalunya; Guardia Civil y Policía Nacional requisaron material propagandístico e identificaron y retuvieron policialmente algunos ciudadanos y cargos electos; la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA (100% púlica) decidió bloquear parcialmente material propagandístico; se identificaron y retuvieron policialmente algunos ciudadanos y cargos políticos; en Malgrat de Mar, la policía local hizo que se retirasen pancartas de los balcones particulares, en Bigues i Riells se requisaron diez millones de papeletas de voto para el referéndum y se detuvo a dos personas; etc.

d) Vulneración del derecho de libertad a la reunión pacífica (art. 21 CE); por ejemplo, en Madrid, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo prohibió un acto en un local público del Ayuntamiento de Madrid llamado “Madrid por el derecho a decidir”, teniéndose que celebra en un local privado y sin la posibilidad de participación por parte de muchísima gente interesada, que tuvoq ue quedarse fuera; en Gijón, el gobierno local  prohibió un acto que inicialmente había permitido llamado “Cataluña: de la transición al referéndum.”; el Ayuntamiento de Barcelona denegó, administrativamente el permiso para un acto en relación el referéndum en base a lo proveído por el Tribunal Constitucional en fecha 7/09/2017, considerando que se trataba de un acto político vinculado al referéndum.

e) Además, añadir que contamos con dos procedimientos abiertos sobre la misma materia, vulnerando el principio basiquísimo del non bis in idem desde el momento en que el Tribunal Superior de Justicia de de Catalunya, en la Sala Civil y Penal, cuenta con las Diligencias Previas
3/2017 previa interposición de querella criminal de la Fiscalía de Catalunya (la Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado según el art. 149.1.5º CE), y el Juzgado de Instrucción núm.
13 cuenta con las Diligencias Previas 118/2017 con declaración del secreto de las actuaciones.

Leído lo expuesto en los párrafos que preceden al presente, es evidente que se han producido una serie de vulneraciones de derechos constitucionalmente reconocidos. En la Providencia del Tribunal Constitucional, de 7 de septiembre de 2017, dice que “se advierte a todos ellos del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en la ley objeto de la presente impugnación y de poner a disposición de la Sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicaturas electorales de demarcación de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones con las advertencias de las eventuales consecuencias penales en caso de incumplimiento.”

Así, lo que se dispone en la Providencia emitida por el Tribunal Constitucional es la suspensión de la Ley del referéndum de autodeterminación, por lo que es obvio que en ningún caso tendría validez legal la celebración del mismo (lo que no significa que no fuera significativo).

¿Se ajustan las medidas adoptadas por parte del Estado a lo dispuesto en la Providencia del TC? Desde mi humilde punto de vista, todo lo acaecido, y sabiendo que no era posible que el referéndum tuviera efecto legal alguno, las medidas adoptadas son más propias del art. 55 CE, donde se prevé la posibilidad de que se dé la suspensión de derechos por parte del Estado (concretamente los del art. 17, 18.2 y 3, 19, 20.1.a y d, 20.5, 21, 28.2, 37.2 CE) en relación al art. 116 CE, pero sin la confección de Decreto alguno, como es preceptivo, por lo que estaríamos en el marco de una situación de ilegalidad.

Además,  entiendo que se ha vulnerado de forma clara lo dispuesto en el art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que España es parte, mediante el que se impone la obligación de informar acerca de la suspensión de derechos de sus ciudadanos a cualquier Estado que lo haya suscrito.

Y ahora, independientemente de si queda inserido o no en el marco de “la legalidad” lo que ha hecho el Estado en Catalunya – que entiendo que puede haber diferentes posicionamientos porque estamos hablando de derecho y no de matemáticas, aunque creo que en la desproporcionalidad de las medidas es más fácil llegar a un consenso-, quisiera reflexionar sobre ese DERECHO A DECIDIR que tantísimo reclamamos los catalanes desde hace años.

Una de las alegaciones que se hacen por parte del Gobierno central es “no se puede hacer un referéndum porque nuestra súper Constitución española actualizada en el año 1978 no lo permite” siendo que, a partir de ahí, todo lo que sean actuaciones encaminadas a la protección de este Libro Sagrado parece que son válidas. En el art. 2 CE se refiere a una España indivisible en base al principio de solidaridad, pero en el art. 1 dice que España es un Estado que se constituye en un Estado social y democrático de derecho, por tanto, ¿cómo debe reaccionar una democracia ante una reivindicación secesionista totalmente pacífica? ¿Podrían existir principios universales para orientar a las democracias a hacer frente a este tipo de cuestiones que se plantean, como lo es en el caso catalán? “La democracia hace las leyes, y no las leyes la democracia”, por lo que es posible un cambio, es posible habilitarlo, es posible modificar la ley para permitir un referéndum en el que se vea si la población quiere o no quiere esa secesión.

Me adhiero a lo que se afirmó por parte de un Fiscal General de Canadá “Las principales personalidades políticas de todas nuestras provincias y el público canadiense han coincidido desde hace tiempo en que el país no seguirá unido si se hace frente a la voluntad claramente expresada por los ciudadanos del Quebec.”, y entiendo que es así porque en Catalunya podemos hablar acerca de la existencia de un “nacionalismo pacífico” con reivindicaciones secesionistas pacíficas (al contrario de lo que algunos españoles creen o les hacen
creer) a los que nunca se les ha escuchado y ofrecido la posibilidad de pronunciarse de verdad y de una forma contundente y vinculante. Estoy convencida de que si se hubiera celebrado un Referéndum hace cinco años, el resultado obtenido habría sido un “NO”; ahora no estoy tan segura. El Estado debería haberse tomado más en serio las peticiones de este sector de la población (que no eran cuatro “indepes” alternativos como se cree), haber tratado con más cariño a Catalunya, haberla escuchado y haberla hecho sentir importante y no despreciada en sus intentos de negociación.

En Canadá se dio un caso muy similar en el año 1998, que podría servirnos de ejemplo en España y en Catalunya. Parte de la población del Quebec quería la independencia de Canadá, y el Tribunal Supremo de Canadá emitió un Dictamen de fecha 20 de agosto de 1998 en el que se decía que en base a la Constitución que tenían en aquel momento no era posible la celebración de un referéndum (porque también se hablaba de la indivisibilidad de la nación, etc etc), pero sí era posible elaborar una Ley (conocida como La Ley de Claridad) en la que se establecieran las bases o normas de lo que sería el referéndum para la secesión. Las bases, a grandes rasgos, fueron: a) La Cámara de los Comunes de Canadá tiene el poder para decidir si la pregunta del referéndum para la secesión es suficientemente clara antes de someterla a votación siendo que, en general, se indica que cualquier pregunta no referida únicamente a la separación es poco clara; b) La Cámara de los Comunes debería determinar si es “una clara mayoría” lo que se ha producido en esa votación, es decir, sería necesario la existencia de una mayoría reforzada para considerar que el referéndum ha sido favorable a la secesión (entiendo que esto es algo que sería necesario determinar en la Ley y no quedar a disposición de una de las partes en un momento posterior a la votación); c) La Cámara de los Comunes tiene la facultad de anular la decisión obtenida si entiende que se han vulnerado los principios de claridad; d) Todas las provincias y primeras naciones (entidades aborígenes) han de formar parte de las negociaciones.

Tras esta votación, habilitada por parte del Estado de Canadá para escuchar a los habitantes del Quebec (no hicieron votar a todos los canadienses sobre el futuro del Quebec, sólo a los habitantes de esa
zona) y modificando lo que hiciera falta, si saliese que SÍ a la secesión, empezarían con las negociaciones.

Como todos sabemos, Quebec sigue formando parte de Canadá, así que el resultado que se obtuvo fue negativo, pero se les escuchó y se adoptaron las medidas necesarias para que así fuera aunque, a priori, estuviera prohibido.

Quisiera añadir que lo que ha acabado pasando en Catalunya ha sido una tremenda locura, y me produce una lástima terrible el haber llegado al punto en el que estamos o al que estuvimos el día 1-O. Quiero pensar que se trata de una lucha REAL por los derechos democráticos, más que de un juego partidista basado en “a ver quién la tiene más grande de los dos” entre los líderes políticos, y es por esa razón por la que yo he participado en todas las manifestaciones que se han organizado en Palma de Mallorca en apoyo a Catalunya en su/nuestro derecho a decidir.

 


Cataluña

 

 

 

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